En la actividad convocada por la Fundación Región y Futuro, el jefe del Departamento de Transporte Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Subsecretaría, Gonzalo Frigerio, explicó ante una concurrencia formada por empresarios y trabajadores del sector las razones detrás de las indicaciones del Ejecutivo que reactivaron la tramitación de proyecto de ley.
Aclaró que el objetivo no es abrir el cabotaje a las naves extranjeras, sino que fomentar la competencia en este sector y argumentó con datos sobre participación y concentración en el mercado.
“En la práctica, el 85% de la carga de cabotaje se mueve en buques de bandera nacional, 14% en naves reputadas por empresas nacionales y 1% por waiver”, explicó. Otro dato que informó es que, en las licitaciones para el servicio de cabotaje, una de las excepciones vigentes, sólo han postulado navieras chilenas y en la gran mayoría llega un único oferente.
Luego repasó las normas vigentes que establecen excepciones en el marco de la reserva del cabotaje para naves de bandera chilena (waiver, licitaciones públicas y reputaciones) y los requisitos para inscribir naves en el registro chileno y mantener enarbolado el pabellón nacional.
Según el análisis del Gobierno, cada una de las excepciones vigentes tiene algún escollo para su aplicación y el resultado de este marco regulatorio es un mercado altamente concentrado y con tarifas altas de Puerto Montt al norte.
En el transporte de granel líquido, por ejemplo, las cifras que mostró indican que dos competidores se reparten ese mercado, Ultramar (63%) y CMC (37%); en el mercado del granel sólido mencionó tres competidores, Ultramar (49%), Los Inmigrantes (44%, también propiedad de Ultramar) y Empremar (4%).
Argumentó también que en el escenario normativo actual hay circunstancias de favorecen la ineficiencia y la falta de competitividad, como los cierres de puerto que implican que la carga se derive a Perú en vez de un puerto chileno cercano; tarifas altas y bajo crecimiento de la actividad.
En este punto, planteó que las indicaciones del Ejecutivo traerían beneficios como una reducción de tarifas de flete de graneles de 43% y de carga general de 35%, y en un escenario conservador de 21% y 17% respectivamente; ahorros para el país entre USD 90 y USD 186 millones; mejores precios a los consumidores finales, mayor recaudación fiscal; flexibilización en el reposicionamiento de carga que aún no ha sido nacionalizada; y mejoras en la licitación que beneficiarían a Enap y Codelco, empresas públicas que mueven grandes volúmenes dentro del territorio y que tendrían más alternativas y mejores precios.
Concluyó diciendo que el Gobierno busca fomentar la intermodalidad en el transporte de carga y que en el caso del cabotaje marítimo las excepciones que propone no están enfocadas donde opera la marina mercante nacional. Además, dijo que si el proyecto implica riesgos a la competencia o el empleo como afirman sus críticos, la invitación es a participar en la mejora de su redacción.
Fuente: www.agendamaritima.cl
